Ángeles Palmero – vicepresidenta de FEPECO (Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife)

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias acaba de plantear un nuevo modelo de negocio: la construcción de 15 centros escolares con financiación público-privada. El proyecto, que todavía está en fase de estudio de viabilidad económica, despierta mucho interés entre los empresarios de las islas, pero también bastantes dudas. Porque “es un modelo que en España y concretamente en Canarias no se conoce, y porque todavía queda mucho por perfilar de las bases y normativas del pliego de condiciones”. Así lo indica a ABECE CONSTRUCTIVO la vicepresidenta de FEPECO (Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife), Ángeles Palmero.

El consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, y varios técnicos especializados, se reunieron con empresarios de la construcción de la provincia de Las Palmas, el día 15 de enero, y con sus homólogos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el día 23 de enero. Uno de ellos fue Ángeles Palmero, quien aclara que el proyecto está en fase de elaboración de la viabilidad económica, y “hasta que esto salga a información pública, se han acordado varias reuniones para perfilar algunas de las incógnitas que por ambas partes quedaron sobre la mesa”.

Las empresas concesionarias sufragarán el coste de la construcción de los centros y gestionarán diversos servicios complementarios. Mientras los servicios educativos seguirán siendo públicos. La gestión privada de los citados servicios complementarios no supondrá ningún coste para las familias. Los centros previstos construir son el IES Gáldar y el CEIP el Cardón (Gran Canaria), los CEIP El Castillo, Villaverde y Morrojable (Fuerventura), los CEIP Arico, Tijoco Bajo, y Punta Larga y los IES Las Chafiras y Guaza (Tenerife), el CEIP El Quintero y los IES Haría y La Medular (Lanzarote) y el CEI Valverde y el CEO Juan XXIII (El Hierro).

Las obligaciones de la sociedad concesionaria sarán las de sufragar y construir las edificaciones en un plazo de 12 meses para centros de 9 y 10 unidades y de 18 meses para los de 22 y 33. Se ocupará también del equipamiento y mantenimiento durante 27 años. Se comprometerá a renovar, cada 10 años, el 40% del mobiliario y el 30% del equipamiento y, cada 5 años, la obra civil y las instalaciones. Además, será responsable de los servicios de comedor y cafetería, de limpieza y del servicio de conserjería. La Consejería, por su parte, se hará cargo de los docentes, la dirección del centro y la inspección del cumplimiento de las condiciones señaladas en el concurso. Pasados los 27 años, los centros serán devueltos a la Administración autonómica.

Los beneficios que sacará la sociedad concesionaria, según explica Ángeles Palmero, serán “a partir de la finalización de la obra, cobrará el ‘pago por disposición’, que será una cuantía, que pondrá la Consejería de Educación, por lo que es la ejecución de la obra. Y luego podrá, a través de un canon, explotar todos los servicios que no tengan que ver con la docencia.

Además, podrá solicitar permiso para que, infraestructuras como polideportivos, se pongan en explotación pública durante algunos meses del año”. “Según el documento base, la empresa concesionaria sacará una rentabilidad de entre el 12% y el 14%”.

Las ventajas que conseguirá la Administración, según indica Ángeles Palmero, serán que “se liberará de ciertos riesgos que pasarán a manos de la entidad concesionaria, que dará con mayor agilidad y prestación los servicios al usuario”. Y sobre todo que permitirá construir los centros que se necesitan, contribuyendo a la mejora de la calidad educativa, la creación de empleo y el crecimiento económico en las Islas, sin afectar al endeudamiento público, ni elevar el déficit de la Comunidad.

La falta de experiencia en la puesta en práctica de esta modalidad adjudicataria y la complejidad de la misma otorgan mayor importancia a la redacción de las bases y la normativa del pliego de condiciones. Para la vicepresidenta de Fepeco, deberá ser lo suficientemente clara como “para evitar que ni la administración ni la sociedad concesionaria tengan que recurrir a los tribunales en ningún momento de la puesta en práctica del proyecto”. También para que “las entidades financieras vean de forma nítida el pliego de condiciones, comprueben la rentabilidad del proyecto, y apuesten por él”.

Un elemento importante del documento base, según destaca Ángeles Palmero es la facultad que se reserva la administración contratante para sancionar por lo que llaman ‘calidad del servicio’ y ‘calidad en los materiales’ y demás. Por eso, los empresarios piden que “el pliego de condiciones especifique, con criterios objetivos, en qué se basan los requisitos de calidad y cuáles serían las sanciones a la hora de penalizar a la empresa concesionaria”.

“Tenemos una tasa de paro en el sector tan alta, que no ha podido ser absorbida por ningún otro, ni por el turismo, por el que todos estamos abogando, ni por la agricultura”, indica Palmero. “Por eso es prioritario encaminarlo nuevamente, pero hacia una construcción más sostenible, minimizando el consumo de suelo, tratando de mantener, conservar y rehabilitar”. Y propone que esta nueva iniciativa del gobierno sea apoyada unánimemente, “ponernos todos a una para ver la efectividad de estos proyectos y comprobar si somos capaces de generar empleo, que es la asignatura pendiente de esta sociedad”.

La situación de crisis económica y la larga lista del paro del sector de la construcción es tan grave para Fepeco, según manifiesta su vicepresidenta, “que es fundamental que el sector reciba políticas de estímulo y se priorice todo aquello que tiene que ver con mantener, conservar, rehabilitar, modernizar las instalaciones técnicas, la eficiencia energética, la accesibilidad a los edificios e infraestructuras, porque eso genera actividad y empleo. Lo que no puede ser es que el sector de la construcción, que ha sido el primero que ha entrado en crisis, sea el que menos políticas de estímulo se le ha aplicado”.

Por otra parte, el acuerdo entre el gobierno y las entidades financieras para la modernización de la planta alojativa obsoleta y los espacios turísticos, el entorno urbano, a la vicepresidente del Fepeco le parece acertado, pero puntualiza que dentro de unos meses le gustaría “poder evaluar la fotografía de ese acuerdo: cuántos créditos se han dado, dónde están esas inversiones, cómo ha repercutido, cuántos empresarios la han recibido, a qué empresarios se les ha dado y cuándo se aplicará”.

En la acualidad Fepeco está realizando un Registro de Reforma, Rehabilitación y Mantenimiento, en el que figuran todas las empresas del sector, con la finalidad de “dar seguridad jurídica a quien contrata a esas empresas. Porque el sector de la construcción se está encontrando con un problema, y es que las pequeñas obras que se están haciendo en las viviendas la realizan personas que no pagan impuestos, lo que llamamos economía sumergida. Intentamos a través de este registro que el cliente, sea privado o público, para una reforma en una comunidad de bienes, una gran obra, mediana o pequeña, tenga a una empresa seria, localizada, con un seguro civil, que cumpla con sus obligaciones tributarias, tenga su personal dado de alta, preparado en prevención de riesgos laborales, que asegure que la obra estará dentro de unas normas de calidad adecuadas y que tendrá un periodo de garantía sobre el trabajo realizado”.

Este registro no es para imponérselo a ninguna administración, obligándola a contratar las empresas de ese listado, porque “no se puede presionar a nadie. A las empresas canarias no se les da el trabajo por ser canarias, sino porque están preparadas y así lo han demostrado. Porque siempre han tenido solvencia técnica y económica”, concluye la vicepresidenta de Fepeco. ●