Rafael Asuar de la Calleja – director del departamento de Derecho Mercantil del despacho Montero Aramburu

Resolver los problemas jurídicos que tengan sus clientes de manera multidisciplinar es el principal objetivo de Montero Aramburu Abogados. Y en ese sentido, ha ampliado su equipo en el despacho de Las Palmas de Gran Canaria con profesionales de reconocido prestigio, como Rafael Asuar de la Calleja, en calidad de director del departamento de Derecho Mercantil; y Ricardo Alcaide Díaz-Llanos, que se incorpora al departamento de Derecho Procesal. Paralelamente ha nombrado socio director de la oficina a Fernando Toledo Bermejo, especialista en derecho tributario y en el REF de Canarias e impuestos indirectos asociados.

CANARIAS EMPRESARIAL ha hablado con Asuar de la Calleja, del despacho Montero Aramburu, fundado en Sevilla en 1971, y que tiene oficinas en Madrid, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Huelva y Córdoba. Cuenta con más de 150 profesionales, entre abogados y economistas, integrados en un colectivo que aglutina a un total de 225 personas.

-¿En el despacho Montero Aramburu de Las Palmas de Gran Canaria cuáles son los principales conflictos a los que se enfrenta?

“En Montero Aramburu tratamos de dar respuesta con rigor jurídico y de una forma práctica a cualquier cuestión que afecte a la pequeña, mediana y gran empresa, en todos sus ámbitos: Mercantil (societario y de contratación), Fiscal, Laboral, Administrativo, Urbanístico, Medioambiental y Penal. Montero Aramburu cuenta con profesionales altamente cualificados en todas las ramas del Derecho, lo que nos permiten abordar de forma multidisciplinar los problemas jurídicos de toda índole que se les plantean a nuestros clientes. También desde luego en la Oficina de Las Palmas de Gran Canaria”.

-¿Cuáles son los principales clientes del despacho Montero Aramburu?

“Como he comentado, entre nuestros clientes se encuentran pequeñas y medianas empresas, grupos empresariales familiares, junto con compañías de mayor tamaño, entre las que incluyo a alguna entidad bancaria, en muy distintos sectores empresariales, también en las Islas Canarias y particularmente en Las Palmas.
En cuanto a los sectores concretos, afortunadamente nuestra cartera de clientes está muy diversificada, ya que las empresas a las que asesoramos actúan en sectores tan distintos como por ejemplo el turístico, el sector hotelero, inmobiliario y de la construcción, urbanístico, alimentación, transportes, logístico, patrimonios familiares, el sector bancario, el cultural…”

-¿Cuáles son los principales conflictos legales a los que se enfrentan las empresas españolas?

«En mi opinión los principales y nuevos conflictos legales a los que se enfrentan las empresas españolas, -particularmente las “Pymes” que son las que integran la mayor parte del tejido empresarial en nuestro país- son, entre otras, la exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales (plazos y formas de pago), conflictos societarios derivados de la naturaleza de las sociedades de responsabilidad limitada, la sucesión empresarial en el ámbito de la empresa familiar, la responsabilidad de los administradores, las refinanciaciones de deuda o el cumplimiento de nuevos marcos normativo en materias tan específicas y diversas como por ejemplo la protección de datos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las exigencias medioambientales a considerar en los procesos de producción, la seguridad en las transacciones económicas digitales, etc.

Pensando en el futuro y citando a Ken Robinson, “lo que antes era difícil prever a 10 años vista, hoy es imprevisible hacerlo a 5 años”. Este experto británico en educación y recursos humanos se refería al entorno extraordinariamente cambiante y dinámico al que asistimos debido a las nuevas tecnologías que evolucionan a un ritmo de vértigo. En este sentido, los nuevos conflictos legales que están surgiendo guardan relación con el sector tecnológico y digital: las transacciones comerciales digitales y las lagunas que presenta en materia de seguridad jurídica, el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, o el “compliance penal” son ámbitos en los que están surgiendo nuevos problemas y retos legales».

-¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido?

«17 de los 22 años de mi ejercicio profesional como abogado, los he dedicado a asesorar jurídicamente y defender ante los tribunales a compañías mercantiles, generalmente españolas, tanto en épocas de bonanza económica como en escenarios más difíciles como la crisis de 2008».

-¿Durante la crisis económica, que se inició en el año 2008, cambiaron los principales problemas legales de las empresas con las que trabajó? ¿Aumentaron los conflictos laborales con los empleados de las empresas, los problemas fiscales…?

«Sin duda la grave crisis financiera de 2008, propiciada en gran parte por el estallido de la burbuja inmobiliaria, sí que supuso un cambio en la problemática legal de las empresas con las que trabajé: desde la situación concursal a la que algunas se vieron abocadas, hasta la necesaria refinanciación de su deuda, la negociación de expedientes de regulación de empleo, o la reclamación de créditos y ejecución constante de garantías. Igualmente motivó la renegociación de pactos contractuales, conflictos societarios, acciones de responsabilidad contra administradores, en fin, fue una época dura y prolongada en el tiempo, y supuso toda una experiencia como abogado, sin duda».

-¿Ya se ha vuelto a la normalidad, anterior al año 2008?

«Aunque afortunadamente la crisis ya ha quedado atrás, sí noto como abogado mercantilista una mayor prudencia en las empresas en su toma de decisiones y la forma de acometer nuevos proyectos».

-¿Las empresas ahora son más arriesgadas, desde el punto de vista legal (laboral, fiscal, propiedad industrial e intelectual…), o son más precavidas, que antes de la crisis?

«Como he comentado, las empresas actualmente son más prudentes, como es lógico, en sus planes de expansión y toma de decisiones, con un mayor rigor en sus políticas de gestión de medios y de reducción de costes. Es una consecuencia práctica de la difícil y prolongada crisis económica y financiera que hemos dejado atrás».

-Y los juzgados, ¿son lo suficientemente ágiles con los conflictos legales relacionados con las empresas?

«En Madrid el problema de los Juzgados de lo Mercantil ha sido que durante una serie de años se vieron saturados por un enorme volumen de concursos de acreedores y el tiempo que su tramitación implica. Mi impresión después de los primeros 9 meses en Las Palmas de Gran Canaria es que los Juzgados son más ágiles al resolver los asuntos, y esto porque el volumen de asuntos, siendo elevado, no los colapsa, lo cual influye en una mayor rapidez y calidad de las resoluciones judiciales, al menos en el ámbito mercantil en el que intervengo».