La plaga de la Tecia Solanivora está ampliamente distribuida en las islas y su erradicación no es posible según el Real Decreto 197/2017

El Consejo de Ministros aprobó, el pasaso día 3 de marzo, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto 197/2017 por el que se establece el programa nacional de control y erradicación de la polilla guatemalteca (Tecia Solanivora). La norma, que contempla las medidas preventivas basadas en prospecciones y controles sistemáticos encaminados a descubrir la presencia de la Tecia tanto en instalaciones de almacenamiento como en plantaciones, deja fuera a Canarias. Prohibe la exportación desde las islas del tubérculo debido a que “la plaga está ampliamente distribuida en dicho territorio y su erradicación no es posible. Además, al tener la consideración de territorio ultraperiférico en la Unión Europea, la introducción en el resto del territorio nacional de ese producto está prohibida por ser un material vegetal de riesgo”.

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) ha pedido una explicación al Gobierno central, y ha exigido que en el programa se incluyan medidas específicas para la exportación desde las islas. También ha pedido al Ejecutivo canario un frente común en esta reclamación. Asaga ha mostrado en un comunicado su disconformidad con la decisión adoptada, contraria a los intereses de los productores locales, por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Melisa Rodíguez ha presentado una pregunta al Gobierno central sobre este asunto. Ciudadanos recuerda que fue en 1999 en la Islas Canarias cuando apareció la plaga guatemalteca, conocida como Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny). Dieciséis años después se detectó dicha plaga en Galicia, “introducida probablemente por el mismo mecanismo basado en el transporte de importación de papas sin controles de calidad”, apunta. Para combatir esta situación el Gobierno ha redactado el decreto, con un programa nacional destinado al control y erradicación de esta plaga, y Ciudadanos ha preguntado por qué se deja fuera a Canarias, a pesar de que “se sabe que la plaga afecta gravemente a los cultivos de papas de las Islas”. Además, Ciudadanos cuestiona por qué las condiciones de exportación de papas son diferentes en terreno peninsular y en el de las islas, y si se ha valorado “el daño que con estas medidas causarán a las perspectivas del sector agrícola de las islas”.

El consejero de Agricultura del Gobierno autonómico, Narvay Quintero, recordó el pasado día 20 de febrero, que Canarias ha tenido que actuar en solitario en la erradicación de la plaga desde que se detectara en el año 1999. El hecho de que las Islas no tengan frontera con otra comunidad autónoma lo convirtió en un problema exclusivamente canario, algo que el consejero no considera justo, entre otras cosas porque esta larva -que penetra en la papa y se alimenta de ella- ha tenido que introducirse en la región a través de puertos y aeropuertos, cuyo control no compete a la Comunidad. Por ello, el consejero entiende que el Estado tendría que corresponder y financiar un protocolo que, hasta el momento, ha corrido a cargo de las arcas autonómicas.

Asaga ha recordado que Canarias, gracias a los trabajos desarrollados por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), la Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife desde hace casi dos decenios, es pionera y lidera en este campo diferentes proyectos que han servido, entre otras cosas, para establecer un protocolo de control sanitario en la poscosecha. Y el consejero Narvay Quintero ha recordado que el Gobierno regional ha puesto este protocolo a disposición del Estado. ●